San Pedro de Macorís. — El coordinador de la seccional del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Dr. Juan de Dios Puello, junto al presidente de la Asociación de Abogados Ramón Emilio Alcántara, denunciaron la grave situación que atraviesa el sistema judicial en esta provincia.
Ambos juristas calificaron como “catastrófico” el inicio del año judicial, señalando desorganización en la asignación de fiscales, retrasos excesivos en audiencias y acumulación de procesos.
*“Hay salas donde coinciden seis o siete fiscales y en otras apenas uno. En ocasiones hay que salir a buscar al fiscal para poder conocer una audiencia, mientras abogados y partes esperan por horas”, explicó el Dr. Puello.*
*Retrasos de hasta seis meses*
Los representantes del gremio denunciaron que las fijaciones de querellas están tardando entre tres y seis meses, afectando tanto a los abogados como a sus clientes.
Indicaron que esta demora genera desconfianza y perjudica el ejercicio profesional, además de impactar el derecho de los ciudadanos a una justicia oportuna.
Ante esta situación, solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la República para que envíe inspectores y evalúe el funcionamiento del Ministerio Público en San Pedro de Macorís.
⚖️ *Exigen otra sala de instrucción*
El Lic. Alcántara manifestó que en la jurisdicción de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís solo funciona una sala de instrucción, lo que provoca acumulación de hasta 40 y 50 audiencias en una jornada, extendiendo los trabajos hasta horas nocturnas.
Señaló que en provincias como La Romana y Higüey existen varias salas de instrucción, por lo que consideran urgente que en San Pedro se habilite al menos una adicional para descongestionar el sistema.
🚔 *Falta de seguridad en el Palacio de Justicia*
Los abogados también denunciaron la escasa presencia policial en el Palacio de Justicia, especialmente en casos penales donde se conocen condenas de 15 y 20 años.
Advirtieron que solo uno o dos agentes custodian las instalaciones, situación que consideran insuficiente para garantizar la seguridad de jueces, fiscales, abogados y familiares de las partes.
Los juristas hicieron un llamado firme a la Procuraduría y a las autoridades competentes para:
• Revisar el funcionamiento del Ministerio Público en la provincia.
• Aumentar el número de fiscales.
• Habilitar otra sala de instrucción.
• Reforzar la seguridad del Palacio de Justicia.
Advirtieron que la crisis afecta no solo a los profesionales del derecho, sino también a los ciudadanos que esperan respuestas oportunas del sistema judicial.
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