SANTO DOMINGO.- Diversas organizaciones
ambientalistas salieron al frente este lunes a las informaciones emitidas por
la empresa Seaboard respecto a los reclamos para que las barcazas de generación
eléctrica ubicadas sobre el río Ozama sean trasladadas “debido al daño que
causan a la salud y al medio ambiente” y, la afirmación de la transnacional de
que estas demandas obedecen a una campaña sucia en los medios de comunicación.
En rueda de prensa
realizada en el Colegio de Periodistas, explicaron que estas han presentado
estudios que demuestran los efectos dañinos de estas plantas, contrario a
Seaboard que “no ha mostrado una sola prueba, y tratando de justificar la
ilegalidad de sus barcazas se incriminó al admitir que se violó el reglamento
de permisos y licencias y varios artículos de la Ley 64-00”.
Las entidades calificaron como gravísimo
que Seaboard, mediante un comunicado que difundió a la opinión pública
nacional, “en su desesperación por justificar lo injustificable, incriminó
incluso a las autoridades del Gobierno, incluyendo al Presidente de la
República, cuando dice que ha sido ´ayudada’ por el primer mandatario, por el
ministro de Energía y Minas y en la pasada gestión por el ministro Ángel
Estévez y el viceministerio de gestión ambiental, al violentar la ley para
establecer sus generadores eléctricos llamados Estrella del Mar II (EM II) y
Estrella del Mar III (EM III), lo cual constituye una franca violación a los
artículos 171, 172 y 184 de la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos
Naturales”.
Reiteraron que para ese tipo de
generadores en ese lugar no se puede dar ningún tipo de permisos, ni por parte
de los ayuntamientos y mucho menos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, según establece el párrafo 1 del artículo 113 de la ley 64-00, toda
vez que las emisiones constantes pueden producir una serie de enfermedades que
podrían causar hasta muertes a los moradores de sectores aledaños como Calero,
Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, La
Ciénega, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita, Ciudad Colonial, entre
otros.
Las instituciones que respondieron a
Seaboard fueron el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente
(INSAPROMA), el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA),
la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama, la Red Nacional de Resistencia
y por la Remediación del Daño Ambiental, la Central de Trabajadores Unidos
(CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.
Explicaron que Seaboard trató de
cuestionar el estudio que recientemente presentó esta coalición de
organizaciones y que han entregado a diversas instancias como el Ministerio de
Salud Pública, el Colegio Médico Dominicano y la Academia de Ciencias, solo con
acusaciones, no con otro estudio elaborado por un científico de las
competencias y la institución de prestigio internacional que elaboró ese.
Recordó que ese informe fue realizado por la Environmental Law Alliance
Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en
inglés), el cual reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la
vibración de las dos barcazas amenazan gravemente la salud de los moradores de
la zona y el medio ambiente. Refería que todos los contaminantes que emanan de
las plantas ponen a las comunidades locales en grave riesgo de enfermedades y
muerte.
Cuevas insistió que Seaboard reconoce su
ilegalidad y se incrimina cuando trató de explicar el proceso que han seguido
para legalizar sus operaciones, pues la empresa comenzó diciendo que en el año
2017 no le renovaron la licencia porque se emitieron instrumentos jurídicos
como decretos para sanear el río y preguntó que, siendo así, “¿cómo puede
explicar esa empresa que se hayan mantenido allí sus plantas, cuando está
prohibido por la Ley 64-00 y por varios decretos de saneamiento del río Ozama?”
“Más grave aún, admite Seabord que le
fue cambiada la categoría para instalar una planta de 150 MW en el proceso de
permisos, señalando que fue modificada de Categoría A a Categoría B, lo que
solo es posible en una abierta componenda con el pasado ministro de Medio
Ambiente, Ángel Estévez, admitiendo también la unificación del permiso
ambiental de EM III con la licencia ambiental de EM II; ambas admisiones
constituyen una violación flagrante al reglamento y a la normativa ambiental.
“Esto sugiere contubernio, coautoría y, obviamente, demuestra posible
prevaricación y ausencia de transparencia. La única categoría permitida para
este tipo de planta es A, la cual obliga los Estudios de Impactos Ambientales,
que es claramente lo que evitó Seabord con estas maniobras”, explica INSAPROMA.
Respecto a la resolución 0022-21, Cuevas
la calificó como una aberración jurídica, toda vez que, de manera arbitraria e
ilegal, el entonces ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le otorgó
un permiso provisional para la generadora Estrella del Mar III por 2 años y que
ordenó que debía salir de funcionamiento Estrella del Mar II inmediatamente, lo
cual la empresa no ha cumplido porque ambas plantas están operando de manera
paralela y potenciando el daño a la salud y al medio ambiente.
Explicó que esta autorización y las
admisiones de Seabord comprometen la responsabilidad penal tanto de la empresa
como del funcionario que la emitió, toda vez que violenta el reglamento de
permisos y licencias, el artículo 113 de la ley 64-00, además de los artículos
38, 40 y 41, por no hacerse un estudio de impacto ambiental, “que en buen
derecho no se debía hacer porque nunca esas plantas podían establecerse allí,
pero además obliga a la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar a fondo el vínculo del pasado
ministro y la empresa en estas acciones contrarias a la ley”.
De su lado, Nelson Pimentel, coordinador
de litigios concluyó con cuatro llamados fundamentales y concretos 1) al
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice una
auditoría al procedimiento de permisos y liciencias que dice tener Seaboard 2)
a la PEPCA para que investigue qué pasó para que el pasado ministro Ángel
Estévez, en un contubernio aparente con Seaboard, modificó, unificó licencias y
violó de manera flagante la ley para favorecer a Seaboard y 3) al Ministerio de
Salud Pública para que concrete la investigación solicitada y que constituya la
comisión multidisciplinar para determinar los impactos a la salud de las
plantas y 4) al Presidente de la República para que de manera inmediata
intervenga para que estas plantas sean reubicadas, trasladadas de su ubicación
actual, y se respete la integridad, la salud y la gente que es por lo que debe
luchar todo gobierno, toda presidencia y toda institución.
Tanto Cuevas como Pimentel expresaron
que en esta lucha contra la presencia ilegal de las barcazas, junto al
INSAPROMA, trabajan diversas organizaciones ambientales y comunitarias de una
larga trayectoria de servicio y defensa ambiental, las cuales mantienen su
demanda de que las plantas que opera Seaboard sean retiradas de manera
inmediata del río Ozama, por el daño que causan a las comunidades y por la
ilegalidad bajo la cual se han establecido en el país, violentando todo el
ordenamiento jurídico en materia de medio ambiente.
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